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Hay dos leyes que son relevantes en este caso: la Ley de Administración Pública y la Ley de Extranjería.
En la Ley de Administración Pública 2017:900 está estipulado que cada uno de los casos que entran a la autoridad, en este caso la Dirección General de Migraciones, deben ser tratados de manera individual. De esta manera, no se puede dar información generalizada sobre el trato de casos.
En la Ley de Extranjería (2005:716) está regulado los fundamentos legales que se utilizan para tomar decisiones sobre residencias. Los causales de revocación de permisos de residencia concedidos están regulados en el capítulo 7 de dicha ley.